Los republicanos de la Cámara votaron para permitir que continúe el sistema de inmigración actual que no funciona

Esta semana, los republicanos de la Cámara pusieron en riesgo fondos críticos que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) necesita para mantener segura a nuestra nación al insistir en una serie de enmiendas para revocar las acciones ejecutivas de responsabilidad ante la inmigración del Presidente. El plan del GOP retrocedería las prioridades de cumplimiento que el DHS ha puesto en marcha para asegurar que las prioridades de cumplimiento de ley de nuestro país se enfoquen en los delincuentes y no en las familias. Los republicanos de la Cámara no deberían manipular los fondos del DHS, una agencia cuya misión se enfoca en proteger a nuestra nación de criminales peligrosos, así como de la seguridad nacional y las amenazas de terroristas.

En lugar de proponer nuevas ideas de cómo resolver nuestro sistema de inmigración que no funciona, los republicanos de la Cámara están jugando juegos con los recursos que necesitamos para proteger a nuestro país. Están evitando que continuemos avanzando en inversiones críticas en la ciberseguridad, recuperación ante desastres, iniciativas contra el terrorismo y respuesta ante incidentes. Y solo están perpetuando el sistema de inmigración que no funciona que todo el mundo está de acuerdo que se debe arreglar.

Las acciones ejecutivas de responsabilidad ante la inmigración del presidente están bien dentro de su autoridad ejecutiva y en línea con nuestros valores como nación de leyes y de inmigrantes. Durante más de medio siglo, todos los presidentes, ya sean demócratas o republicanos, han usado su autoridad legal para hacer algo sobre la inmigración. El Presidente Obama ahora está dando otro paso de sentido común. Las acciones ejecutivas del Presidente fortalecerán la seguridad de las fronteras, responsabilizarán a posiblemente millones de inmigrantes indocumentados al requerirles que pasen verificaciones de antecedentes y que paguen impuestos, y asegurarán que todos estén bajo las mismas reglas. Y también son buenas para la economía. De acuerdo con un análisis del Consejo de Asesores Económicos del Presidente (President’s Council of Economic Advisers, CEA), se calcula que las acciones ejecutivas del Presidente sobre la inmigración impulsarán la producción económica en un 0.4 a un 0.9 por ciento durante diez años, lo que corresponde a aumentos en el GDP de $90 mil millones a $210 mil millones en el 2024.

El Presidente tiene una amplia coalición de apoyo para las acciones que realizó. Líderes y organizaciones, que incluyen grupos de cumplimiento de ley, fe, laborales y de negocios, apoyan firmemente la reforma de tipo de sentido común que promueve el Presidente. Solo en esta semana, 27 jefes de policías, comisarios y asociaciones de cumplimiento de la ley nacional firmaron un amicus curiae que apoya las acciones ejecutivas del Presidente porque entienden que estas acciones “ayudan al cumplimiento de la ley local a mantener más seguras a las comunidades”. Doce estados y el Distrito de Columbia también presentaron un escrito que se opone a la demanda liderada por Texas, al argumentar que las acciones del Presidente son legales.

El Presidente no puede arreglar el sistema de inmigración por su propia cuenta. Pero debido a que el Congreso no ha progresado con respecto a soluciones legislativas, él tomó acciones decisivas para arreglar la mayor parte posible de nuestro sistema de inmigración que no funciona dentro de los límites de su autoridad legal existente. Estas medidas son de sentido común, pero solo el Congreso puede terminar el trabajo. A medida que el Presidente actúa, seguirá trabajando con el Congreso en un proyecto de ley bipartidista integral, como el que se aprobó en el Senado hace más de un año y medio, que puede sustituir estas acciones y arreglar nuestro sistema que no funciona.